lunes, 21 de diciembre de 2015

María Corina Machado solicita a la Fuerza Armada que resguarde la AN el 5 de enero


Foto: Archivo
Foto: Archivo
En un comunicado publicado en la prensa nacional, la diputada María Corina Machado hizo un llamado a los ciudadanos miembros de la Fuerza Armada para que garanticen la seguridad de los parlamentarios que forman parte de la nueva Asamblea Nacional, la cual deberá instalarse el próximo 5 de enero según mandato constitucional.
A continuación el texto completo del comunicado:
Ciudadanos militares; el 6 de diciembre cumplieron su tarea, ahora deben contribuir a preservar la orden impartida por el soberano
El 6 de diciembre tuvo lugar una jornada histórica. A pesar de todos los obstáculos impuestos por el régimen a la expresión libre y limpia de la soberanía popular, los venezolanos logramos ratificar nuestro profundo apego a los valores democráticos y a la libertad. Fue una hazaña ciudadana, y ustedes, en tanto en cuanto ciudadanos, cumplieron una doble tarea.
Como ciudadanos, votaron y expresaron sus preferencias políticas de manera firme, amplia y cívica. Como ciudadanos militares, cumplieron su mandato constitucional al respetar la expresión de la Soberanía Popular a través del voto.
Tal como Venezuela esperaba de sus Fuerzas Armadas, ustedes preservaron el carácter cívico del Plan República, el dispositivo mediante el cual la FAN contribuye en un proceso eminentemente civil. No permitieron que se tergiversara este carácter; no aceptaron transformarlo en un operativo militar para favorecer una parcialidad política. Oficiales y soldados le hicieron saber al Alto Mando militar que estarían junto al pueblo venezolano, acompañando respetuosamente la movilización popular y que, cumpliendo sus funciones, no tolerarían actos violentos ni disruptivos.
El mundo observó con suma atención y admiración cómo, de manera entusiasta, consciente, masiva y pacífica, millones de venezolanos emitieron y defendieron su veredicto sobre el futuro de la democracia y sus instituciones. Fue un voto afirmativo por la libertad, la dignidad y la justicia. Fue un voto por un cambio profundo en los valores que definen el modelo político, no sólo por un cambio en las políticas.
Ante la magnitud de la crisis social venezolana y la contundencia de la manifestación soberana del 6 de diciembre, un régimen con un mínimo de sensatez y humanidad tendría que responder con la liberación inmediata de los presos políticos, la postergación del nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, la garantía de la integridad física y moral de los diputados electos al Parlamento y la adopción de medidas económicas de emergencia para estimular la oferta de alimentos y medicinas frente al inminente riesgo de una crisis humanitaria de creciente magnitud en Venezuela.
Sin embargo, los venezolanos hoy constatamos nuevamente la naturaleza represiva, militarista y violenta del régimen, en su reacción ante a los resultados electorales. La derrota electoral fue posible porque ya estaban derrotados políticamente en el alma de los venezolanos, aun de los que fueron sus partidarios. Ahora, esta derrota electoral significa su derrota política ya definitiva. Por ello han emprendido la persecución a empleados públicos, oficiales y soldados sospechosos de haber votado a favor de las fuerzas democráticas, profieren amenazas contra la integridad física de los diputados a partir del 5 de enero, y convocan a un fraudulento Parlamento Comunal.
Pasan las horas y el drama de la familia venezolana se agrava. El país ya enfrenta una crisis humanitaria que va a requerir el concurso de todos los sectores, lo cual incluye a la Fuerza Armada Nacional. Hoy se nos mueren bebés por falta de medicinas, se pudren las cosechas en los campos, bajan las santamarías de comercios, se agotan los inventarios de alimentos y cierran clínicas ante el colapso del sistema de salud.
Es impostergable la adopción de reformas económicas que reviertan el acelerado deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos. Pero, para que estas medidas económicas se traduzcan en respuestas efectivas de los sectores productivos y financieros, nacionales e internacionales, es indispensable generar confianza en que la orientación del proceso político está dirigido al respeto a la Constitución Nacional, la reinstitucionalización de los órganos del Poder Público, la garantía de los derechos humanos, el desmontaje de los controles sobre la economía, la apertura de los mercados y la vigencia del Estado de Derecho.
En esta coyuntura, una vez más, los venezolanos demandan de los ciudadanos militares un estricto apego a la Constitución Nacional y la salvaguarda de nuestra soberanía. El 5 de enero, la Fuerza Armada Nacional por tradición, y según el vigente Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, tiene la responsabilidad de la custodia exterior e interior de la sede bajo la dirección de la Presidencia de la Asamblea Nacional.
Ante la pretensión del régimen de acudir a la fuerza para desconocer el mandato popular emitido a favor de una transición a la democracia en paz, contamos también con los ciudadanos que sirven a la República en su institución militar para hacer respetar la Soberanía Popular.

María Corina Machado
Diputada a la Asamblea Nacional

Justicia de EEUU investigará bienes y dinero de los narcosobrinos


  Efrain Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas  durante la audiencia  el 17 de diciembre 2015 (Reuters)
Efrain Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas durante la audiencia el 17 de diciembre 2015 (Reuters)

Durante la audiencia llevada a cabo el jueves 17 de diciembre en la corte del Distrito Sur de Nueva York, uno de los sobrinos de la primera dama Cilia Flores, Efraín Campo Flores, formalizó el cambio de sus defensores. Los representantes del escritorio Squire Patton Boggs dieron paso a un abogado asignado de oficio por el tribunal, Kafahni Nkrumah, publica El Nacional.
Con esta decisión, avalada por el juez Paul Crotty, los abogados salientes entregaron una parte del expediente con las evidencias aportadas por la fiscalía, que incluyen pruebas recabadas por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) para sustentar la acusación por conspiración para transportar un alijo de cocaína a Estados Unidos.
Antes de que esto ocurriera, los tres abogados (John Reilly, Rebekah Poston y Nkrumah) conversaron con el acusado. Luego Campo Flores firmó un documento llamado ³compromiso de incapacidad financiera² (financial affidavit) que lo hace merecedor de un abogado de defensa pública.
El hijastro de Nicolás Maduro tuvo que jurar ante la justicia estadounidense que carece de dinero suficiente para pagar su defensa. En las próximas semanas la Fiscalía podría investigar si el juramento es cierto.
Mentir a las autoridades federales también es un delito grave. Se conocen casos en los que los acusados se declaran incapaces de pagar una defensa privada, y luego se descubre que poseen propiedades u otros activos. Esto genera nuevos cargos y penalidades.
Un caso conocido fue el de Kenelma Betancourt-Contreras, detenida en Puerto Rico en conexión con el hallazgo de 5,3 kilos de cocaína. La mujer es hija de un coronel retirado del Ejército venezolano. En 2006 un jurado la encontró inocente de los cargos. Durante el proceso ella fue defendida por un abogado público, pues aseguró que no poseía fondos para pagar un litigante privado. Pero la Corte hizo una investigación y determinó que ella poseía en ese momento una casa en Florida valorada en 200.000 dólares, además de una camioneta. En Venezuela, la procesada también tenía dos inmuebles, además de una tienda. Fue obligada a reembolsar el dinero que pagó el Estado por los honorarios del defensor público.
El abogado experto en derecho penal y litigio comercial, Eduardo Palmer asegura que las leyes de Estados Unidos establecen claras sanciones para aquellos acusados que cometen delito de perjurio y hay casos de penalización. No obstante, en la práctica suele ocurrir que el fiscal que lleva el caso tiene poco presupuesto y tiempo para llevar el caso por el que el acusado está siendo juzgado, por lo cual suelen dedicarse a la causa mayor, dejando de lado la investigación por perjurio.
Esta situación puede cambiar si hay una solicitud específica que lleve al fiscal a averiguar que el acusado mintió en su declaración jurada para declararse incapacitado financieramente, o reciba órdenes motivado a que haya una clara sospecha de que hubo mentira. Hay muchas excepciones que han llevado a la penalización, dijo el experto.
Explica que en estos casos, el fiscal ­que es la parte acusadora­ puede intuir y por ende investigar y descubrir que hubo falso testimonio, lo que lo obliga a establecer una solicitud ante la corte para que el acusado sea penalizado por ese otro caso en particular.
Documentos a granel. De acuerdo con lo explicado esta semana por el nuevo abogado de la defensa, Kafahni Nkrumah, su oficina necesita aproximadamente 60 días para revisar las pruebas presentadas por la fiscalía en este caso.
Son muchos documentos, grabaciones y cerca de 25 GB de información, que incluye correos electrónicos, grabaciones y otros documentos. Esta fase del procedimiento judicial se denomina ³descubrimiento² e incluye el conocimiento de la información. El abogado trabajará este caso con un grupo de cinco asistentes.
En sus declaraciones a la prensa, Nkrumah dijo no haber tenido contacto con ningún miembro del gobierno de Venezuela. No obstante, se conoció que el nuevo abogado ha estado involucrado con el chavismo desde hace más de 11 años y que es militante de las causas por la igualdad de razas en Nueva York.
En un principio se pidieron 45 días para fijar la cita, pero a petición de Nkrumah se otorgaron 60 días. Por eso la audiencia se realizará el 29 de febrero de 2016 a las 12:00 m.
Mociones previas. Alexander Alfano, litigante penal y docente de la Universidad Saint Thomas (Florida), afirma que es muy probable que se introduzcan mociones previas al juicio. En función de estas, los acusados pueden declararse culpables o ir a juicio.
Las peticiones más comunes intentan suprimir evidencia. Se busca evitar que durante el juicio la fiscalía presente informaciones obtenidas de forma que se considere ilegal. La audiencia de supresión se lleva a cabo en corte abierta y, generalmente, con la asistencia de testigos. El abogado de la defensa puede contra-interrogar a los testigos del gobierno (fiscalía) y presentar otros.
Si el juez dictamina que no hubo violaciones, la evidencia será admisible durante el juicio.
Alfano explicó que los defensores también recibirán lo que se conoce como ³material 3500.² Consiste en declaraciones hechas por testigos del gobierno que comparecerán en el juicio. De igual manera, la defensa debe proporcionarle al gobierno cualquier declaración previa hecha por los testigos que ellos convoquen.
La mayoría de los casos federales resulta en admisiones de culpabilidad. Si una persona decide declararse culpable, puede hacerlo con o sin un acuerdo declaratorio (plea agreement), que explica lo convenido entre la parte acusadora y la defensa acerca de los cargos que se admitirán, los que serán descartados o desestimados, así como muchos otros detalles acerca de las pautas de sentencia (sentencing guidelines).
Estos acuerdos entre acusadores y acusados no serán definitivos hasta que un juez los revise y decida que son aceptables. Incluso si el juez lo considera aceptable no está obligado a regirse por él. Un acuerdo declaratorio puede contener un estimado de sentencia con el que el juez no concuerda. Si el juez impone una sentencia distinta a la que se encuentra en el acuerdo declaratorio, el cliente no podrá retirar su declaración de culpa.
La defensa saliente
En una breve conversación, la abogada saliente Rebekah Poston se negó a informar sobre las causas reales de la renuncia en atención a un protocolo de compromiso de confidencialidad con el cliente. Asimismo dijo que regresaría a las oficinas de Miami, pertenecientes al bufete Squire Patton Boggs para continuar con sus labores como litigante.

Fuente: La patilla