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El magistrado Maikel Moreno, presidente de la Sala de Casación Penal
del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), decretó nulidad en la remisión
de la sentencia de apelación en el caso de Alexander “El Gato” Tirado y
Raúl Emilio Baduel, en virtud que a los detenidos no se les informó
sobre la ratificación de la misma.
Theresly Malavé, defensora de Derechos Humanos y abogada de Baduel y
Tirado, explicó que el Presidente de la Sala de Casación Penal del TSJ
decretó la nulidad de la remisión de la sentencia de apelación “y
ordenó que sea el Tribunal de Apelaciones del estado Aragua el que
notifique de la ratificación de la sentencia a “El Gato” Tirado y Baduel
(hijo)”.
“Esta nulidad no afecta la ratificación de la sentencia, sino que no
se cumplió con el proceso de la notificación”, detalló Malavé, quien
indicó, que los abogados defensores luego de tantas violaciones y
“frente al hecho de que ninguna institución en este país nos escuchara,
ni el Ministerio Público, ni el fiscal 6to de Aragua, Luis Verde,
decidimos ir a la Sala de Casación Penal del TSJ”.
Los abogados de estos jóvenes aragüeños que hoy pagan una condena de
ocho años de prisión por protestar pacíficamente, reciben esta nulidad
con mucha incertidumbre puesto que se preguntan: “¿Será que se va a
aplicar el debido proceso y se respetará la Constitución y las leyes?”.
“En principio ellos revisan que se hayan cumplido los lapsos, que se
haya respetado la remisión del caso, porque el Código Orgánico Procesal
Penal (COPP) establece que cuando la persona estuviese
detenida la notificación se hará personalmente, eso es ley y no lo
cumplieron y por eso la Sala de Casación Penal de acuerdo con el
artículo 175 del COPP y, 26 y 49 de la Constitución (de la República
Bolivariana de Venezuela), dice que eso es nulo y lo devuelve para que Baduel y Tirado sean notificados”, expone Malavé.
Sobre el caso, puntualizó que se trata de una “jurisprudencia
reiterada”, por lo cual exhortó a la Sala de Casación Penal a revisar el
recurso introducido por los abogados, ya que a su juicio, “con una
revisión mínima de ese expediente, se darán cuenta que no aguanta una
condena y sería un daño irreversible. Todo lo que les han hecho es
irreversible, pero esos ocho años serían un daño aún mayor, por lo que
yo espero, que se haga justicia”.
Al ser consultada sobre la posibilidad que el TSJ, luego de la
revisión inicial, remita nuevamente el caso a la Corte de Apelaciones de
Aragua, Malavé detalla que eso es posible debido a “la gran
cantidad de irregularidades que se cometieron en la audiencia de
apelación”, en donde no permitieron a Baduel y Tirado defenderse, pues
Juan Luis Ibarra, presidente de dicha corte, los declaró contumaz, aún
cuando a la Cárcel de Tocuyito, donde pagan condena, “no llegó nunca
la boleta de traslado”.
Malavé rememoró varios casos que fueron devueltos por la Sala de
Casación Penal en virtud que los detenidos no fueron notificados de la
ratificación de la sentencia. “Nosotros pensamos que eso lo iban a
dejar pasar, pero fíjate que no”, dijo la abogada defensora, quien
además reiteró la nueva violación al debido proceso al no realizarse
una audiencia para informar a los detenidos sobre la ratificación de
la sentencia.
Sobre los lapsos estipulados, indicó que el artículo 454 del COPP
establece que el lapso para interponer un recurso de casación es de 15
días después que los detenidos sean notificados personalmente. “Los
trasladan, les notifican la ratificación de la sentencia y a partir de
esa fecha empieza a correr los 15 días para que nosotros como
defensores interpongamos el recurso de casación ante el TSJ”.
Sin embargo cuestionó la “apresurada decisión del juez, Juan Luis
Ibarra, presidente de la Corte de Apelación del Circuito Judicial de
Aragua, la premura y la velocidad con que ha querido hacer daño”.
“Fue una sentencia inmotivada, él (Ibarra) se dedicó a afirmar lo que
dijo la juez (Iris Araujo Francés) y lo que creía que eran
equivocaciones por parte de los abogados. Él nunca explicó el por qué,
ni hizo referencia jurídica del motivo por el cual reafirmaba la
sentencia”, explicó Malavé, al tiempo que reiteró que Ibarra no tuvo
motivos para ratificar esa condena de ocho años de prisión. “Fue
superfluo y no hizo referencia en el código, a lo que se debe hacer.
Definitivamente es una sentencia política”.
¿Magistrado Juan Luis Ibarra?
La abogada defensora de Derechos Humanos indicó que Ibarra en su afán
de llegar a ocupar una magistratura en el TSJ, “olvidó los estudios y
violó el debido proceso y los DDHH de estos muchachos”.
Malavé explicó que Ibarra, ha mencionado en reiteradas oportunidades
que él estaba prestado en el Palacio de Justicia aragueño, por que
aspira una magistratura en el Tribunal Supremo de Justicia “y ese
puesto lo ganaría a costa de lo que sea”.
“Si él (Juan Luis Ibarra), tenía que tirar por un voladero a estos
muchachos y acabar con ellos, definitivamente lo haría, porque su
único interés es ser magistrado del TSJ”, narró la jurista defensora
de DDHH, quien además cuestionó la violación de los derechos civiles
de Baduel y Tirado por parte de Ibarra, quien “tomándose atribuciones
que no le competen” emitió a Sandra Oblitas, segunda rectora del
Consejo Nacional Electoral, una comunicación en donde solicitaba la
inhabilitación política “para elegir y ser elegidos”, aún cuando sobre
los jóvenes aragüeños no hay sentencia definitivamente firme.
Impidiendo poder inscribirse como candidatos a diputados por la MUD en
el circuito 1 del estado Aragua donde hubiesen obtenido fácilmente el
triunfo el pasado 6 de Diciembre y hoy tendrían inmunidad parlamentaria
lo que conllevaría su inmediata libertad
Esperanzas de libertad
La abogada de Tirado y Baduel, tiene esperanzas de libertad en la Ley
de Amnistía y Reconciliación Nacional, ya que a su juicio varias
organización de DDHH se han unido para redactar esta ley, “porque será
ley y no decreto”, la cual permitirá la liberación no sólo de los
estudiantes aragüeños, sino también de otros tantos inocentes que
están injustamente encarcelados.
Los jóvenes, a juicio de Malavé, están incluidos en esta Ley de
Amnistía en virtud de la sentencia política que se emitió contra el
hijo del exministro de la Defensa, Raúl Isaías Baduel y como medida de
persecución contra “El Gato” Tirado, por ser un líder social de
Voluntad Popular en Aragua.
Malavé rechazó “la infame sentencia” emitida el 4 de marzo de 2015,
por la juez 2da de juicio, Iris Araujo Francés y ratificada el 30 de
julio del mismo año, por quien ahora aspira ser magistrado de la
República, Juan Luis Ibarra. “Nosotros confiamos que esta ley
prosperará y traerá con ella la libertad”, dijo la jurista.
Los hechos
Alexander Tirado y Raúl Emilio Baduel fueron detenidos por efectivos
de la Policía del estado Aragua, el 21 de marzo de 2014, a las
6:14pm, mientras protagonizaban una protesta pacífica en la avenida
Bolívar de Maracay específicamente en las inmediaciones del Parque de
Ferias de San Jacinto.
Sin embargo, esta detención a juicio de Malavé fue un acto violatorio
al debido proceso, primero por la separación de las causas: En dicha
detención fueron seis las personas detenidas, pero cuatro de ellas
separadas de la causa y cuyo caso sobreseído mientras que a Baduel y
Tirado los llevaron a juicio y fueron condenados a ocho años de
prisión.
Por otro lado, explicó que el juicio es nulo ya que las actuaciones
policiales no corresponden a la verdad de los hechos: La hora y el
lugar de la detención fueron alteradas, al punto “que la juez (Iris
Araujo Francés), se inventó que un megáfono y una cruz de madera con
la frase no mas balas, no más muertes, eran elementos de interés
criminalísticos”.
Luego, detalló Malavé, la violación de los Derechos Humanos al ser
trasladados a una prisión de presos comunes en el Centro de Reclusión
de Occidente “David Viloria”, conocida como la Cárcel de Uribana,
ubicada en Barquisimeto, estado Lara, en donde quien fuera su
director, Julio Cesar Pérez, los agredió en reiteradas oportunidades
partiéndoles las costillas y quemándoles sus genitales, hecho en donde
además fallecieron un centenar de internos y por el cual no hay
investigación, mientras que a Baduel y Tirado, están condenados a ocho
años de prisión por hacer valer su derecho legítimo a la protesta.
Tanto Theresly Malavé como Omar Mora Tosta, abogados defensores de
estos jóvenes, hoy considerados presos políticos, esperan que sea la
sala de Casación Penal del TSJ, quien restituya el debido proceso y
anule no sólo el “juicio infame” sino también la sentencia que hoy
recae sobre Baduel y Tirado.
Por
Lic. Marian Hernández León.
Fuente: La Patilla
